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Puesto que el pensamiento político occidental es tan griego por su
origen como la filosofía de la que nació, aunque la tradición
jurídica concreta fuera romana, hay que referirse a los griegos para
abordar la cuestión de la oligarquía. Los griegos concibieron por
vez primera la posibilidad de un orden político “constituido sobre
sus propios supuestos”, al descubrir o caer en la cuenta que la
libertad colectiva es la verdad fundamental de la política. La
Polis, en tanto forma política, no se concebía “como un lugar
construido como ciudad, sino como la ciudad común y comunidad de
ciudadanos […] en que le hombre en tanto hombre era capaz de
realizar la actividad vital de su ser humano y sus posibilidades con
su propio poder y obrar”. Vivir políticamente era para los griegos
el modo de vida de los hombres libres. Y la lucha por la
libertad política o colectiva ha sido desde entonces una constante
de la historia política europea con los naturales altibajos. Es uno
de los motores de esa historia y, por derivación, la de Occidente,
mucho más intensamente histórica que la de las demás culturas y
civilizaciones.
Decía Aranguren que lo fundamental sociológicamente son las fuerzas
políticas reales que hay “detrás” del aparato del Gobierno; muchas
de ellas invisibles como tales fuerzas, limitadas aparentemente a
los partidos. Mas, debido a esos antecedentes, la falta de claridad
sobre la significación universal de la oligarquía como una ley
general que rige lo Político y la Política se debe seguramente a que
los griegos, atenidos por su falta de sentido histórico al criterio
de las formas puras o buenas del gobierno como formas sanas de la
Polis, es decir, como “formas políticas” o de lo Político en las que
reside su poder visible, no las distinguían prácticamente de
las formas de régimen, el lugar del poder invisible. La clave para
entender el carácter universal de la ley de hierro es, pues, la
diferencia entre formas de gobierno y formas de régimen. Reside en
estas últimas la influencia, el poder o los poderes
informales, invisibles como tales poderes: los principios de
legitimidad, “genios invisibles” que condicionan o determinan el
ejercicio del poder formal. Los gobernantes son con frecuencia
personas interpuestas, las instituciones jurídico-políticas
“superestructuras", y los poderes legislativo y ejecutivo simples
delegaciones de poder; lo mismo que el judicial cuando está
completamente degradado del êthos que sustancia el orden
social.
Contribuye al embrollo y a la ocultación, el tópico de que está
obsoleta la clasificación tripartita griega Monarquía, Aristocracia
y Democracia (y sus contrarias). Escribe Loewenstein: “indiferentes
al contenido ideológico incorporado a las instituciones
gubernamentales, las clasificaciones tradicionales se fijan tan sólo
en la estructura externa del gobierno y dejan de lado la propia
dinámica del proceso del poder”. No obstante, sólo es verdad en
cierto modo y hasta cierto punto, pues no se trata sólo de la
ideología sino de la naturaleza de los elementos oligárquicos, a
menudo contradictorios entre sí, que constituyen el régimen o
sociedad política y sus relaciones de fuerza.
Maquiavelo, buen conocedor de la historia y el pensamiento antiguos,
especialmente el romano, había empezado a sustituir esa
clasificación quizá rutinariamente –su stato era formalmente
republicano y materialmente monárquico-, por la distinción entre
Monarquía y república. No tuvo mucho eco –Cromwell, Norteamérica-,
hasta la revolución francesa por la influencia de Norteamérica, la
de la literatura romana, la torpeza de la Monarquía y porque sería
como separar el régimen, cuya estructura suele ser “republicana”,
del gobierno, cuya estructura suele ser “republicana”, del gobierno,
cuya estructura es más bien monárquica. Georg Jellinek, el gran
teórico del Estado de Derecho, la consideró esencial. No obstante,
ese criterio se ajusta bastante bien a la historia de las formas del
Estado, pero no a las del régimen.
Por su parte, el historiador del Derecho Michael Stolleis,
prescindiendo de las distinciones entre Estado y Gobierno, y formas
de gobierno y de régimen, escribe: “de las formas del Estado de
Aristóteles sólo han quedado dos, la democracia y la dictadura.
Incluso la dictadura se llama hoy a sí misma democracia, pero tiene
buenos motivos para no tolerar debates teóricos, sino reprimirlos.
De modo que sólo queda la democracia por más que la vieja Europa
tenga aún algunas jefaturas monárquicas”.
Esos criterios son inferiores al griego en el plano de la historia
universal, en la que resulta más útil la revisión por Montesquieu de
la clasificación tradicional, teniendo en cuenta aquellas
distinciones. En lo que concierne a la oligarquía, puede ser una
forma de gobierno o una forma de régimen pero, salvo metafórica o
retóricamente, ni la monarquía ni la democracia pueden ser
regímenes: la ley de hierro hace que la oligarquía monopolice el
concepto régimen. Como tal, condiciona la actividad de los
gobiernos, normalmente la legislativa. Si condiciona intensamente la
ejecutiva, puede ser al mismo tiempo la forma del gobierno. Marx lo
entendió así y en la realidad concreta de hoy en día se da también
esa coincidencia.
En cuanto a la democracia, la contemporánea es completamente distinta de
la griega. Se solía describir como “multitud desorganizada”, “ley de
la calle”, o incluso “gobierno de la mafia” (H. H. Hoppe), y se
pensaba que, como ocurrió en Gracia, abocada a la demagogia y la
tiranía y los europeos la rechazaron prácticamente hasta el siglo
XX. Si, como mostró Tocqueville, Europa comenzó a pasar en la Edad
Media –hacia el siglo XI- del estado aristocrático de la sociedad al
estado social democrático, ¿hasta qué punto la concepción griega no
retrasó, y sigue retrasando, su aceptación real, no retórica, en
Europa?
Aparte de los recelos que pueda despertar como forma del gobierno,
podría ser una explicación que en la Edad Media prevaleció la
tradición republicana griega y romana en la que encajaban las
monarquías feudales, de origen germánico, que eran electiva. Sin
embargo, el ejemplo del Papado que, coherente formalmente con la
naturaleza comunitaria de la Iglesia (como communitas,
comunidad espiritual, no como koinonía, comunidad natural, de
sangre), llegó a ser materialmente, como forma política, un Estado;
la recepción renacentista del ideal de la Polis como un todo
integrado frente a la dispersión feudal; y la costumbre por razones
prácticas de transmitir hereditariamente la corona dentro de las
Casas dinásticas, impulsaron la idea del Estado. Al mismo Hobbes se
le escapó que el deus mortalis es una máquina homogeneizadora
y, al caer en Francia lamonarquía, condicionó las ideas europeas
sobre la democracia como forma del gobierno y de régimen. Inspirado
por la Polis, Rousseau los había mezclado en su doctrina de la
voluntad general y en Europa se llegó a la república partiendo de la
democracia como opuesta a la monarquía. Los estadounidenses
partieron en cambio de la república siguiendo a Montesquieu, para
establecer la democracia como la forma del régimen y así resulta que
Norteamérica no es una Domocracia republicana sino un gobierno
republicano democrático, una República democrática.
En Grecia, no podía existir en las unidades compactas, muy
integradas, que eran las polis no la sociedad civil ni la
representación, origen de la sociedad política. Ciudadanos,
politai, eran sólo los hombres libres, relativamente pocos en
relación con la población total de la Polis, vinculados a la Ciudad
por la sangre –la phylía, como en general en todas las
culturas no cristianas-, que disponían de suficiente ocio para
participar (democracia directa) en las discusiones del ágora en
orden a formar la razón y la voluntad comunes o colectivas de la
Ciudad. Su escaso número posibilitaba mitiar la ley de hierro
mediante el sorteo (corrompido, según Aristóteles) de los cargos
públicos. Con todo, lo que preocupaba más a los demócratas
atenienses era moderar la influencia de las familias más ricas en
las instituciones.
Lo reducido del número de hombres libres y ciudadanos en el mundo
antiguo, se debe en parte a que la Polis descansaba en la
institución de la esclavitud, en violento contraste con el hecho
moderno de que el trabajo ha dejado de pertenecer a la esfera
estrictamente privada convirtiéndose, en palabras de Arendt, en “un
hecho público-político de primer orden” que, dicho sea de paso,
apenas se reconocen en la Europa actual, donde se ha inventado un
derecho especial, es decir, privilegio (si odioso o favorable en
tanto ley particular, para un grupo, no es ahora la cuestión)
regulador de las relaciones laborales. Ese acontecimiento ha
alterado el alcance y el significado de la política al perder
sentido la philopsychia, el amor a la propia vida, que
distinguía la vida del esclavo de la del hombre libre.
En consecuencia, aceptada la transcendencia política del trabajo, la
democracia política moderna se reduce –es decir, debiera reducirse-,
en poblaciones numerosas, a las reglas de juego preliminares o
formales a las que han de atenerse los representantes elegidos por
la mayoría en virtud del principio de la igualdad formal o jurídica
universal de todos. Representantes que debieran atenerse al mandato
imperativo de sus respectivos electores, cuyo número imposibilita su
participación en la formación de la voluntad jurídica y política. |
