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Tengo delante de mí la Proposición de Ley Orgánica de regulación de
la eutanasia 122/000020, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y que se encuentra en el BOE del 31 de enero de 2020.
En la lectura de esta futura Ley, he procurado tener presente las
lecciones de la Ley del Aborto, en la que se nos habla, nada menos
que cinco veces, del derecho del feto a la vida, pero para anular
este derecho con una simple frase: “Se reconoce el derecho a la
maternidad libremente decidida” (art. 3-2), haciendo así prevalecer
el presunto derecho de la madre a matar a su hijo sobre el derecho
de éste a la vida.
Aquí se sigue el mismo camino, pero con menos rodeos. En
la exposición de motivos encontramos: “La presente ley pretende dar
una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una
demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia… Con
ese fin, la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en
determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías
suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión,
descartando presión externa de cualquier índole… En definitiva, esta
ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho
individual como es la eutanasia. Se entiende por esta la actuación
que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada
mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición
informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona… La
eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona
constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe
cohonestar también con otros derechos y bienes, igualmente
protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y
moral de la persona (art. 15 Constitución Española), la dignidad
humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE),
la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a
la intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y
libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su
dignidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico
antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los
demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado”.
Y para que no nos quepa la menor duda que se trata de un derecho:
“Artículo 4. Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir.
1. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos
previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda
para morir”.
Y como se trata de regular un derecho nuevo, aparentemente hay una
serie de restricciones. Pero hecha la ley, hecha la trampa en la
propia ley. Veamos el artículo 5: “c) Haber formulado dos
solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una
separación de al menos quince días naturales entre ambas. Si el
médico o la médica responsable considera que la muerte de la persona
solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el
consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier
periodo menor que considere apropiado en función de las
circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar
constancia en la historia clínica del o la paciente”.
Mucho me temo además, que como ya sucede en el caso del aborto, la
objeción de conciencia no sea muy respetada. Leo en efecto en el
artículo 14-2 de la Proposición de Ley: “La prestación de la ayuda
para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados, o
concertados, sin que el acceso y la calidad asistencial de la
prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la
objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza”.
Por cierto, esta expresión está copiada directamente de la Ley del
Aborto. Si no entiendo mal, con ello se hace prevalecer el presunto
derecho a la eutanasia, es decir hablando en plata o por lo menos en
católico, el derecho preferente al crimen sobre la objeción de
conciencia, derecho al crimen que me pregunto si también será
obligatorio en hospitales católicos.
Y por si fuera poco, leemos en el artículo 16-1 de la proposición de
Ley sobre la Eutanasia: “Las y los profesionales sanitarios
directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán
el derecho a ejercer su objeción de conciencia sanitaria. El rechazo
o la negativa a realizar la citada prestación por razones de
conciencia es una decisión individual del profesional
sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá
manifestarse anticipadamente y por escrito”.
¿Y los demás que, aunque no estén directamente implicados, piensan
que es una colaboración necesaria y por tanto criminal? ¿Es que esas
conciencias, que además son de los mejores profesionales, porque son
los que tienen verdadero sentido del deber, es que no tienen derecho
a la objeción de conciencia?
¿Qué opina la Iglesia católica sobre esto? He aquí lo que dijo el
Concilio: “Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier
clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio
deliberado-; cuanto viola la integridad de la persona humana, como,
por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los
conatos sistemáticos para dominar la mente ajena; cuanto ofende a la
dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las
detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la
prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones
laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero
instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la
responsabilidad de la persona humana: todas estas prácticas y otras
parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización
humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son
totalmente contrarias al honor debido al Creador” (Gaudium et
Spes nº 27).
En pocas palabras, para la Iglesia católica, una Ley que permita la
eutanasia o, peor aún, que la declare un derecho, es una Ley infame. |
