MILENIO AZUL
Círculo Nuevo Criterio

 

T E M A S

COLOMBIA: LA PAZ MENTIDA
Eduardo MacKencie

 
                          

Colombia es en estos momentos el escenario de un intento muy particular de toma comunista del poder. El llamado ‘proceso de paz’, es decir las negociaciones secretas en La Habana, que duraron seis años y terminaron el 24 de agosto pasado, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los jefes de las FARC, es la forma que encontró el movimiento armado subversivo para imponer su hegemonía a corto plazo sobre la sociedad y sobre el Estado colombiano.

Durante estos años de ‘negociaciones’, las FARC consiguieron que el presidente de Colombia capitulara en toda la línea frente a sus reivindicaciones. Santos se atrevió a poner en juego el equilibrio institucional y social de Colombia. Por eso, el ‘proceso de paz’ se convirtió, para la mayoría de los colombianos, en una pesadilla. Como lo veremos más adelante, las instituciones democráticas del país, la economía, las libertades, están siendo adulteradas y reestructuradas a favor de ese ‘acuerdo de paz’, siguiendo los lineamientos de la visión marxista ‘bolivariana’ (es decir castrista) de las FARC, las cuales esperan transformar el país, sin decirlo muy explícitamente por ahora, en una nueva ‘República popular’.

Sin embargo, los colombianos reaccionaron contra ese terrible proyecto. El 2 de octubre de 2016, el ‘acuerdo de paz’ de Santos y las FARC fue rechazado por los electores en el plebiscito organizado por el gobierno. Los partidarios del ‘no’ se impusieron con un 50,2% de los votos (6.419.759 votos), frente a los partidarios del ‘sí’, quienes sólo obtuvieron un 49,76% de los votos (6.359.643 votos). El acuerdo firmado en La Habana y firmado de nuevo y festejado por Santos en Cartagena de Indias, días antes del plebiscito, como si el triunfo del ‘sí’ estuviera garantizado, dejó sin validez alguna ese pacto.

Hasta ese momento, Santos había logrado convencer a algunos jefes de Estado en Europa y en los Estados Unidos de que estas reformas traerían la paz y el progreso. La oposición parlamentaria sostenía, por el contrario, que las concesiones a un movimiento totalitario como las FARC, que siguen alienadas por su programa estalinista y obsesionadas con la toma del poder pare erigir la ‘dictadura del proletariado’, podría acabar con el sistema democrático de Colombia y generar, más a largo plazo, una nueva ola de violencia.

Sordo a estos argumentos, Santos insistió en que la paz era el ‘valor supremo’, que estaba por encima de todos los demás, como la justicia y la libertad. Según él, buscar la ‘justicia perfecta’ puede convertirse en un ‘obstáculo para la paz’. La libertad de la prensa puede ser un gran obstáculo ¿No prohibió acaso, el 3 de marzo de 2016, la presencia de los medios de comunicación durante los actos de ‘pedagogía de la paz’ (en realidad actos de propaganda armada) que las FARC realizaron en varios lugares del país, con el permiso del gobierno?

Para Santos, quienes se oponen a esas concesiones son horribles ‘partidarios de la guerra’. ‘La nuestra es una paz basada en la justicia’, replicó Óscar Iván Zuluaga –presidente del principal partido de oposición, el Centro Democrático, fundado en 2013-, ‘para garantizar la protección de los valores democráticos, de forma estable y sostenible, lo que es muy diferente de la paz basada en la impunidad’.

Las negociaciones en La Habana habían terminado el 24 de agosto de 2016, cuando Santos y las FARC anunciaron que el acuerdo final sobre muchos de los puntos en discusión ya era un hecho. Santos prometió que 34 millones de ciudadanos darían sus opiniones sobre dichos acuerdos, votando ‘sí’ o ‘no’ en un plebiscito. Enseguida, puso a disposición de la prensa un mamotreto de 297 páginas que contenía los puntos del acuerdo ‘de paz’. La revelación de este documento –que confirma el acendrado capitulacionismo de Santos-, desencadenó una ola de críticas en todo el país. La oposición enfiló baterías contra el texto, mientras que el gobierno y la prensa que le es favorable calificaban el acuerdo como un gran éxito.

Sin embargo, Carlos Vivanco, director de Human Rights Watch, fue uno de los primeros en denunciar el acuerdo. Dijo que ese texto ‘garantiza la impunidad de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de un conflicto armado’, lo cual está prohibido por el derecho internacional humanitario y por la Convención de Ginebra. Es inaceptable, dijo, haciéndose eco de la oposición de Colombia, que los autores de miles de asesinatos, secuestros y otras atrocidades escapen a la justicia mediante el cumplimiento de penas simbólicas como hacer ‘trabajo social’ en los pueblitos que las FARC han martirizado en le pasado.

The Wall Street Journal también criticó el acuerdo en un editorial del 28 de agosto: ‘Si los colombianos aprueban el acuerdo, el riesgo es que la guerrilla explote a largo plazo las concesiones políticas para socavar la democracia. Ella va a utilizar los tribunales para acusar, con pruebas falsas, a miembros del ejército y de la policía [El ex presidente] Uribe transformó el ejército en una fuerza profesional con la ayuda de los Estados Unidos, y las FARC van a querer debilitarlo y desmantelarlo’.

Apoyado por una masiva propaganda oficial en todos los medios, los partidarios del  ‘sí’ habían tomado la delantera en las encuestas. Sin embargo, hacia el 15 de septiembre, el ‘no’ dio un salto hacia delante. En una semana, ganó 10 puntos, pasando del 28% al 38%, según la encuesta publicada por el diaria El Tiempo. El ‘sí’ perdió 10 puntos, pasando del 65% al 55%, y el ‘no’ ganó en tres de las seis regiones de Colombia. Pero muy pocos vieron en eso el signo premonitorio de lo que iba a ocurrir el 2 de octubre.

El aumento dramático del ‘no’ no significó que los colombianos se opusieran a la paz. Ellos se oponen, en realidad a ‘la paz de Santos’. Entre los del ‘no’ se encontraban sobre todo los miembros del Centro Democrático. El senador Álvaro Uribe, el líder indiscutible de ese partido, envió una carta al Palacion de Nariño, firmado con su predecesor, el conservador Andrés Pastrana, para defender el ‘no’ en el plebiscito. Ambos criticaron el hecho de que Santos haya decidido firmar un acuerdo en Cartagena con los terroristas y en presencia de invitados extranjeros el 26 de septiembre, una semana antes del plebiscito, es decir, antes de la aprobación o desaprobación popular del acuerdo. Los dos ex presidentes calificaron esa decisión como una presión abusiva a favor del ‘sí’.

Pastrana y Uribe dijeron: ‘La participación de gobiernos y autoridades eclesiásticas y civiles extranjeros […] afecta directamente la libertad de los electores’. Por lo tanto, solicitaron a los gobiernos extranjeros y a sus delegados, a así como a las organizaciones multilaterales, ‘no ir a Cartagena, ya que eso podría interferir en los asuntos internos de Colombia’. Eso ‘ejercería presión directamente sobre el ejercicio de la voluntad popular’ y ‘alteraría la pureza del proceso electoral en curso’, enfatizaron. Concluyeron que la pregunta que será sometida a votación en el plebiscito ‘adquiere la condición de una cuestión estrictamente política que deben decidir de forma soberana los colombianos en las urnas sin interferencia alguna extranjera’.

 

Un tribunal especial para juzgar a los militares

Unas pocas semanas antes, el Vaticano había rechazado la propuesta temeraria de Santos y de las FARC de comprometer al Papa Francisco directamente en el proceso de elección de los miembros de un curioso ‘tribunal especial de paz’, que los terroristas quieren erigir para blanquear sus crímenes. Roma dijo que saludar el fin de la violencia en Colombia era una cosa y que utilizar al pontífice ‘en un proceso demasiado inmaduro’ era otra.

El Vaticano sabía muy bien que el asunto del tribunal especial era una aberración. Esa ‘corte’ inspira el miedo a todos en Colombia. El documento de 297 páginas, estructura, entre otras cosas, un dispositivo destinado a suplantar el poder judicial colombiano. Ese tribunal fue concebido para, por un lado, amnistiar a los criminales de las FARC y para condenar, por la otra, como criminales, a todo tipo de categorías y grupos sociales: los miembros de las fuerzas armadas, los empresarios, maestros, sindicalistas, agricultores, terratenientes y periodistas que ‘pongan en peligro la aplicación de los acuerdos y el fortalecimiento de la paz’.

La concesión absurda de un tribunal especial con facultades extraordinarias (por ejemplo, la facultad de reabrir y revisar todos los procesos anteriores, incluyendo aquellos que son cosa juzgada), provocó gran rechazo en los círculos jurídicos y generó una ola de pánico entre los empresarios: muchos de ellos son acusados (sin pruebas) por las FARC de haber ‘ayudado o colaborado con los paramilitares’ en años pasados. Una lista de cincuenta y una empresas importantes, que serán objeto de atención de ese tribunal, circuló en esos días.

¿Por qué Colombia llegó a esta situación? ¿Cómo las FARC lograron avanzar de esa forma? Esto se debe a que las FARC no son una simple guerrilla. Ni siquiera es una narco-guerrilla. Las FARC son una organización armada comunista con fuerte apoyo internacional. Creadas integralmente por el Partido Comunista de Colombia en la década de 1950 bajo el control directo de la URSS, las FARC intentaron tomar el poder por la violencia sin lograrlo nunca. Hoy en día las FARC, incluso después de sus propios fracasos –y sobre todo tras los enormes fracasos de Cuba y Venezuela como sistemas sociales ‘alternativos al capitalismo’-, siguen siendo el espolón de un vasto movimiento que busca revivir, por cualquier medio, la lucha revolucionaria en el continente americano. Todos los actos, todas las maniobras políticas y militares de las FARC deben ser analizados a la luz de ese compromiso.

Desde la década de 1950, ese movimiento, utilizando su aparato legal, el PCC, trató de formar coaliciones de tipo frente popular con los sectores liberales y conservadores “avanzados” para tratar de llegar al gobierno a través de elecciones. Sin embargo, nunca tuvo éxito. A pesar del fuerte apoyo financiero recibido de la URSS, el PCC nunca dejó de ser una minoría bien organizada, pero aislada y sectaria, bastante impopular. Tras el colapso de la Unión Soviética, el PCC casi desapareció por la deserción de miles de sus miembros. Las FARC decidieron entonces financiarse con los secuestros, la minería ilegal y el tráfico de drogas. Hoy en día son uno de los más poderosos carteles de la droga en el continente. Durante décadas, la guerra de agresión lanzada por las FARC contra Colombia ha dejado por lo menos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de personas desplazadas. Pese a ello, las FARC no lograron salir de su estancamiento político y militar.

Con la llega al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, las FARC revisaron su estrategia. Ellos buscaban un nuevo medio, más insidioso y rápido, para infiltrarse y tomar el poder en Colombia. La idea era utilizar la “negociación política’ con el gobierno central para alcanzar un pacto que le pusiera ‘fin al conflicto’. Se trataba, en realidad, de hacer que el presidente Santos aprobara una serie de modificaciones institucionales, calculadas para abrir avenidas ideológicas y políticas a los objetivos de las FARC y a sus aparatos de apoyo logístico. Ellos esperaban construir así una ‘Colombia nueva’ que garantice la ‘justicia social’.

La táctica del diálogo de paz había tenido éxito en el pasado cuando el gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002) aceptó negociar con las FARC durante más de tres años (noviembre de 1998 a febrero 2002). En ese período, el gobierno dio a las FARC el control de una zona desmilitarizada de 42.000km2, tan grande como Suiza. En las negociaciones, las FARC, pidieron el ‘cambio estructural’. Muchas concesiones importantes fueron hechas por Pastrana, pero el proceso fracasó ante la intransigencia de las FARC y las violencias que ellas seguían cometiendo en el país.

El truco de las negociaciones de paz también fue probado, y con éxito, durante el gobierno del conservador ‘progresista’ Belisario Betancur (1982-1986). Durante esas conversaciones, la guerrilla se reforzó. Todo ello culminó con un intento de golpe de Estado realizado por una guerrilla castrista, urbana y rural, el M-19, la cual atacó el Palacio de Justicia de Bogotá y tomó como rehenes a más de 250 magistrados y empleados, el 6 y 7 de noviembre de 1985. El plan terrorista, que había sido financiado por Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, fue derrotado por el Ejército (1). Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), el M-19 fue amnistiado y todos sus crímenes quedaron impunes. El partido que fundaron los ex terroristas intentó controlar la extrema izquierda, con resultados modestos. En cuanto a los líderes de los partidos ‘burgueses’, el liberal y el conservador, nunca sacaron ellos las lecciones correctas de esos procesos de paz y de la idea de abrir negociaciones en medio del conflicto. Así esas prácticas siguieron siendo la brújula de todos los presidentes, lo que favoreció el auge de las guerrillas comunistas y de sus oponentes, los paramilitares de extrema derecha.

La excepción a esa orientación fueron los dos gobiernos del presidente liberal Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que exigió a la guerrilla y a los paramilitares (AUC) el cese de sus actividades armadas como condición para participar en negociaciones de paz. La FARC rechazaron la propuesta y el ejército y la policía respondieron y las sacaron de grandes regiones, obligándolas a esconderse en las selvas. La mayoría de sus líderes fueron abatidos, encarcelados o forzados a buscar refugio en Venezuela y Ecuador. Los paramilitares, por su parte, aceptaron las condiciones y, después de cuatro años de negociaciones, 35.213 de ellos fueron desmovilizados y 960 fueron detenidos durante ese período.

El 13 de mayo de 2008, los catorce líderes de las AUC fueron deportados a Estados Unidos por orden del presidente Uribe por haber violado los compromisos firmados en julio de 2003. Posteriormente, el 2 de julio de 2008, mediante una operación de gran audacia en Guaviare, el Ejército liberó los quince rehenes ‘políticos’ que estaban en poder de las FARC, entre ellos la candidata presidencial progresista Ingrid Betancourt. Sin esos rehenes, la presión que las FACR ejercían sobre Uribe para que negociara una solución política dejó de existir. En diciembre de 2006, el número de guerrilleros comunistas que habían desertado de las FARC y de otras dos bandas guerrilleras, el ELN y el ERG, llegó a 7738.

Por desgracia, Santos abandonó en 2010 el modelo exitoso de Uribe de lucha contra la insurgencia y abrió las negociaciones que le permitieron a las FARC salir de su estancamiento. Los cultivos de drogas de esa gente y sus exportaciones de cocaína se duplicaron. Sus ataques y emboscadas aumentaron, así como el reclutamiento de niños, los secuestros y otras atrocidades.

Sin embargo, el mayor logro de las FARC fue político: las negociaciones con Santos en Cuba.

 

Las víctimas financiarían a los terroristas

Así fue como Santos llegó a pedirles a los colombianos que aprobaran, como si fuera la cosa más natural del mundo, en un plebiscito, su pacto secreto con las FARC. La Corte Constitucional había exigido a Santos redactar la pregunta sin hacer referencia en ésta a la paz, sino a los acuerdos de La Habana. Pero Santos violó ese pedido. Lo que los colombianos tenían que aprobar era, en substancia, la siguiente:

1. Que en período de ‘post-conflicto’, ninguno de los líderes de las FARC paguen un solo día de cárcel por sus crímenes, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Una vez que se firme la paz, esos jefes ‘pagarán’ sus crímenes haciendo ‘trabajo social’ en zonas rurales, por ejemplo, reparando una cerca o ayudando a los campesinos a sembrar maíz, y todo esto estando en libertad.

2. Las FARC no entregarán las armas. Dicen que podrían ‘dejarlas’ pero niegan que pueda haber testigos de esta operación, la cual durará más de seis meses. (De hecho, van a ocultar sus arsenales para reutilizarlos, si el proceso toma un rumbo que podría serles desfavorable).

3. Los jefes y miembros de las FARC podrían participar en la vida política del país: podrían elegir y ser elegidos para todos los cargos públicos (alcaldes, gobernadores, presidente). Ellos podrían ser elegidos para el Congreso (Senado y Cámara de Representantes) y crear o unirse a partidos políticos legales. El acuerdo estipula que las FARC tendrán derecho a ocupar, sin ni siquiera pasar por elecciones, a cinco escaños en el Senado y cinco escaños en la Cámara de Representantes, y a otros 16, para llegar a 26 escaños en total.

4. Las FARC no indemnizarán a sus víctimas. Dicen que no tienen dinero, que las reparaciones materiales serán pagadas por el tesoro nacional. Santos afirma que las FARC no tienen dinero. Sin embargo, investigadores colombianos y la revista británica The Economist afirmas que las FARC tienen un tesoro de guerra de 33.000 millones de dólares, gracias a la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. Añaden que la mayor parte de este botín está oculto en países como Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

5. El Estado colombiana pagará 620.000 pesos (187,95€) por mes a cada guerrillero desmovilizado durante dos años (el salario mínimo en Colombia es de 644,35 pesos). Además, cada guerrillero recibirá dos millones de pesos (606,29€) por una vez y ocho millones de pesos (2.426,16€) ‘para otros proyectos’. Total: 24.800.000 pesos (7.542,24€). Las FARC recibirán cada año y durante 10 años, el 10% del presupuesto anual asignado por el Estado para el funcionamiento de los partidos políticos del país.

6. Aprobar la teoría increíble de que el tráfico de drogas debe ser considerado como un delito político (‘conexo con el delito político’), y que, por lo tanto, el tráfico de drogas de las FARC no sería castigado  con prisión o con la extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, el tráfico de drogas ha financiado miles de asesinatos, de emboscadas y de masacres en Colombia.

7. Las FARC dicen que ‘se comprometen a luchar contra el tráfico de drogas’ después del conflicto. Sin embargo, no están dispuestas a entregar sus bienes y tierra usurpadas a los campesinos, ni sus redes de tráfico, ni sus laboratorios, ni el dinero de la droga.

8. Todo criminal de las FARC podría escapar a la justicia. Sólo tiene que utilizar el mecanismo de reconocer simplemente que es responsable de los delitos que se le imputan.

9. El presupuesto de las fuerzas de seguridad de Colombia (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) será reducido y la doctrina militar será modificada. Los ex comandantes del Ejército estarán sujetos a la ‘justicia de transición’ y al ‘tribunal especial de paz’, donde habrá jueces nombrados indirectamente por las FARC. El Ejército tendrá que admitir crímenes que no ha cometido para pasar por la ‘justicia de transición’. El ejército es equiparado así con los terroristas que atacaron la sociedad y el Estado.

10. Una vez que se firme la paz, las FARC recibirán locales y equipos técnicos par difundir su propaganda a través de un canal de televisión, un diario escrito y 31 estaciones de radio.

11. Las FARC recibirán zonas enteras del país, con su población, para que las utilicen como quieran. Esas áreas previstas coinciden en el plan con las de producción de coca y donde la FARC impusieron su yugo a los campesinos. Por otro lado, serán 30 las denominadas ‘zonas de concentración’ de las tropas de las FARC, diseñadas en Cuba, para la fase de transición. Serán zonas desmilitarizadas, es decir, no habrá allí ni policía ni militares de la República. En esas zonas, los guerrilleros tendrían el estatuto de ‘gendarmes’. 

12. A través de ‘comités populares’, las FARC ‘regularán la producción de la información’ en Colombia. Podrán llevar a cabo un ‘control social y popular en los medios de comunicación’. Ellas no quieren ni libertad de prensa ni periodistas independientes. Quieren imponer una ‘nueva política de información política y de comunicación’.

13. En el período del ‘post-conflicto’, las FARC organizarán, con el apoyo del Estado, formas de ‘control obrero’ en todas las empresas y oficinas, en cada propiedad agrícola. Los misteriosos ‘comités populares’ co-gobernarán la industria, la agricultura y el comercio de Colombia.

La población ha visto todo eso con horror. La naturaleza totalitaria de esos acuerdos de paz es evidente (2). Lo que más alarma a los colombianos es la actitud obstinada del gobierno de aceptar sin pestañear unas medidas que, en última instancia, destruirán el sistema político pluralista del país. Durante las negociaciones, las encuestas de opinión demostraron, en repetidas ocasiones, que el 78% de la población rechazaba las concesiones a las FARC. El 2 de abril de 2016, enormes manifestaciones contra las FARC y contra esas concesiones surgieron en 25 ciudades de Colombia. Sin embargo, Santos persistió en su línea capituladora.

Lo que es peor, Santos y las FARC decidieron que las 297 páginas del acuerdo pasaran a formar parte del bloque de constitucionalidad de Colombia. Es decir que Colombia tendrá una Constitución contradictoria y confusa. La actual Constitución de 1991 y el texto comunista escrito en La Habana. Todo ello sin que ese mamotreto haya sido discutido y aprobado por el Congreso y sin que los colombianos hayan votado a favor o en contra del mismo. Santos y las FARC pretendían que estos cambios extremos fueran ‘intangibles’, lo que significa que ningún gobierno futuro podría derogar o modificar esa “Constitución”. Esta es, tal cual, el corazón del ‘acto legislativo para la paz’. Para la oposición, y para el Procurador General de la república, Alejandro Ordóñez –quien fue ulteriormente destituido por el Consejo de Estado, gracias a la presión de Santos-, el mamotreto de 297 páginas constituye una abrogación ilegal de la Constitución colombiana, y es una especie de golpe de Estado que abre la puerta a una narco-dictadura en Colombia.

La respuesta a todo eso del senador Uribe y del Centro Democrático fue la creación de un movimiento nacional de ‘resistencia civil’ contra el giro aberrante que tomaba el proceso de paz. Antes del plebiscito, el CD llamó a votar ‘no’. En respuesta, Santos amenazó a todo el mundo. Haciendo el papel de mensajero de las FARC, advirtió que si el país rechazaba los acuerdos, las FARC desatarían una nueva guerra y que incluso golpearían ‘en el corazón de las ciudades’. Santos presentó la amenaza de las FARC no como un desafío infame a Colombia, sino como una reacción legítima de éstas. Santos no dijo que se trataba de un chantaje inaceptable y que las fuerzas armadas defenderían el país. Par  él, si se observa el tono que utilizó, la única alternativa para los colombianos era complacer a las FARC. La emoción y la cólera popular que suscitó ese chantaje, mediatizado por el jefe de Estado, duró varios días.

De hecho, el llamado proceso de paz ha dividido a la población colombiana. Es cierto, el plebiscito del 2 de octubre clarificó la situación –los pactos secretos de La Habana murieron. El campo de los ganadores, quienes votaron ‘no’, propone seguir las negociaciones con las FARC, pero para revisar a fondo el acuerdo de La Habana. Santos todavía no ha respondido a esa oferta con claridad. Sus áulicos aprovechan la actitud ambigua del poder central para intentar, al momento de redactar este artículo, declarar nulo el plebiscito del 2 de octubre, utilizando pretextos ridículos, y realizar otro plebiscito con la esperanza de que, esta vez, el ‘sí’ salga ganador. Todo eso condimentado con manifestaciones de estudiantes y de indígenas radicalizados a favor de un acuerdo rápido y sin discusiones.

La atribución al presidente Santos del Premio Nobel de la Paz el 7 de octubre, cinco días después de que los colombianos rechazaran su plan con las FARC, fue un elemento más de división y malestar social. Con el agravante de que el presidente del comité de ese premio, la abogada Kaci Kullmann Five, ha tenido vínculos con una empresa noruega que obtuvo, en 2014, una licencia de explotación en Colombia por decisión de Santos. 

 

NOTAS
(1) Tanto los comandantes de la FARC como Escobar recurrieron a etarras para que adestrasen a sus sicarios en la elaboración de coches-bomba.
(2) Los acuerdos también pretendía introducir la ‘ideología de género’ en la Constitución, tal como denunció el ex procurador general de la República, Alejandro Ordóñez. Después del rechazo popular a los acuerdos, Ordóñez ha reclamado a Santos la retirada de esos elementos.

                   

 
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